sábado, 19 de junio de 2010



El campo mexicano sin posibilidad de competencia frente a Estados Unidos y Canadá.
Antonio Muñoz M

Alrededor de 30 organizaciones campesinas, principalmente de Chiapas, Estado de México, Yucatán, Puebla, Guerrero y Morelos, se dirigieron al Congreso de la Unión a través de una carta con la finalidad de exigirles que de inmediato, se busque la cancelación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte suscrito por México, Estados Unidos y Canadá, el cual entró en vigor a partir del 1 de enero de 1994.
El sustento lo toman del informe trimestral de agosto de 2007, del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática quién reconoce que la desocupación en México es de más de 6 millones 400 mil de los 49 millones 352 mil mexicanos en condiciones y disponibilidad para trabajar. Durante el sexenio pasado emigraron 3 millones 253 mil 663 personas, es decir, un promedio de más de 500 mil por año.
El fracaso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha sido tan evidente, que durante la décimo primera Conferencia sobre Comercio y Desarrollo realizado por la UNCTAD en Sao Paulo, Brasil, en junio de 2004, México fue expuesto como el “ejemplo brillante” del fracaso de la política de liberalización y del desequilibrio entre la promesa económica y el logro real del TLCAN, ya que las estrategias de desarrollo no han logrado los resultados.
Hace cuatro años, en enero de 2004, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión resolvió solicitar al Senado la revisión de los términos del TLCAN en materia agropecuaria, así como exigir al gobierno de la República que asumiera la defensa de los intereses campesinos en cada caso en que son vulnerados. El resolutivo adoptado hace tres años por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el sentido de revisar el TLCAN en materia agropecuaria, señaló que “en términos económicos, el TLCAN ha resultado brutalmente desfavorable para el sector agropecuario”, pues “a 10 años de su vigencia la balanza comercial de granos, oleaginosas y pecuaria, donde participan todos los productores del campo, arroja un déficit de 17 mil millones de dólares”.
El actual gobierno federal encabezado por Felipe Calderón ha resuelto, no revisará ni modificará el capitulo agropecuario del TLCAN, por lo que las organizaciones campesinas, insisten una vez más, que el TLCAN debe ser derogado, pues no comparte la visión de que simplemente modificando las reglas de operación del mismo pueda resolverse o aminorarse la prolongada crisis agraria nacional.
Las organizaciones campesinas coinciden en que una verdadera solución a la crisis del campo mexicano, implica necesariamente sustituir el modelo económico neoliberal que se le ha impuesto desde hace 25 años, por uno nuevo basado en el impulso del mercado interno, que respete y fomente la propiedad social de la tierra y que destine un mayor presupuesto federal y estatal para subsidiar las actividades productivas y comerciales de los campesinos pobres y medios.
No es puede hablar de justicia social en el campo sino se resuelven las necesidades económicas, se garantizan los derechos sociales y se resguardan las legítimas tradiciones culturales de millones de indígenas y campesinos mexicanos, por lo que seguimos exigiendo que se eleven a rango constitucional los Acuerdos de San Andrés Larrainzar y se establezca un sistema de seguridad social para todos ellos.
Señalan en la misiva que iniciaran un proceso de lucha colectiva para resolver las necesidades inmediatas de los diferentes grupos campesinos que se encuentran integrados al Diálogo Nacional, por lo que en su momento les solicitarán al Congreso de la Unión sean canalizados a las instancias y autoridades correspondientes.

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